La reciente modificación legal dejó sin pensión y jubilación a jueces, generando impacto económico y familiar en sus vidas cotidianas. La reforma judicial promulgada en 2024 en México ha provocado profundas modificaciones en la carrera de los jueces del país, afectando su estabilidad laboral y condiciones económicas. Uno de los casos representativos es el de un juez con más de doce años de servicio en el Poder Judicial, quien tras declinar participar en la elección judicial y dejar su puesto, enfrentó la pérdida del derecho a una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por no cumplir con los requisitos de tiempo de servicio. Además, debido a restricciones estipuladas en la reforma, tuvo que trasladarse a la Ciudad de México para poder continuar trabajando en el sector privado, lo que implicó un gasto severo y alteró la estabilidad familiar, especialmente para sus hijos. Desde la entrada en vigor de la ley, cerca de 850 exjuzgadores se encuentran en una situación similar, sin recibir las indemnizaciones prometidas a partir de los artículos transitorios, pese a contar con el derecho legal. La reforma, además, limita a aquellos que se negaron o perdieron en el proceso de elección judicial a litigar en el mismo circuito durante dos años, acentuando la incertidumbre para estos profesionales. La medida, promovida por el gobierno en aras de una mayor eficiencia judicial, ha generado críticas por afectar derechos adquiridos y la estabilidad de los servidores públicos que decidieron no participar en los nuevos procesos electivos. La situación evidencia los efectos prácticos y personales de una reforma de amplio alcance, que en el corto plazo ha puesto en jaque la seguridad económica y laboral de quienes dedicaron años a la justicia. La implementación de estas medidas invita a analizar el equilibrio entre la modernización del sistema judicial y el respeto por los derechos laborales y de pensión de los profesionales invol
Miércoles, 13 de mayo de 2026
