Legisladores sancionan la reforma en medio de protestas y sin consenso, mientras productores exigen mayor reconocimiento y protección de recursos hídricos. La aprobación de la nueva Ley General de Aguas en México se realizó en una sesión rápida y sin el respaldo completo de los actores principales del sector agrícola. A pesar de los esfuerzos de una comisión de productores por llegar a acuerdos, las negociaciones no lograron consenso, resultando en una votación con participación mayoritaria de diputados alineados con el partido en el gobierno. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca reformar 124 artículos, pero enfrenta críticas por limitar derechos y centralizar excesivamente la gestión del recurso hídrico. Agricultores y transportistas agrupados en distintas organizaciones han expresado su rechazo por considerarla insuficiente y peligrosa para la sustentabilidad del sector. Además, sostienen que la ley no garantiza la transmisión de concesiones de agua ni regula de manera efectiva el uso y protección de pozos y acuíferos en riesgo de sobreexplotación. Analistas advierten que estas modificaciones podrían profundizar la concentración del control del agua en manos de las autoridades, poniendo en duda la sostenibilidad de los recursos y afectando especialmente a las comunidades rurales. La aprobación en un proceso considerado apresurado ha generado preocupación sobre la posibilidad de futuros conflictos en el manejo del vital líquido en el país.
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