A casi seis años de su aprobación en Cámara de Diputados, la legislación que busca atender y reparar a víctimas del desplazamiento interno aún no pasa al Senado, dejando sin marco legal a miles de afectados. Desde septiembre de 2020, la Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa que busca crear un marco integral para la atención a quienes han sido desplazados por violencia en el país. Sin embargo, la falta de aprobación en el Senado ha detenido la implementación de esta ley crucial, que contempla establecer un Registro Nacional de Desplazados, un Programa Nacional de atención y reparación, además de un Fondo destinado a financiar estas acciones. La ausencia de un marco legal fomenta la desatención y dificulta la generación de cifras oficiales sobre el volumen de personas afectadas, quienes enfrentan condiciones vulnerables y riesgos en diferentes regiones. Actualmente, solo cinco estados —Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca— disponen de leyes específicas para proteger a los desplazados. La situación se agrava en estados como Michoacán y Chihuahua, que registran un aumento en la violencia y están sin figuras legales que respalden a las víctimas, reflejando la urgencia de aprobar esta legislación para garantizar sus derechos y atención adecuada.
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