La nueva legislación regula el acceso y gestión del agua en México, priorizando derechos humanos y planteando debates sobre su control y sostenibilidad. El Senado mexicano dio el visto bueno a la Ley General de Aguas, después de una discusión intensa y con una votación que alcanzó 85 votos a favor y 36 en contra. La normativa busca establecer un marco legal que priorice el derecho humano al acceso, saneamiento y disposición del agua, poniendo énfasis en su uso para consumo humano y doméstico en primera instancia. Este avance legal responde a una creciente preocupación por garantizar la protección del recurso natural en un contexto de estrés hídrico y desigualdad en el país. La ley enfatiza que el agua debe ser considerada un patrimonio del pueblo mexicano, eliminando visiones mercantilistas y promoviendo una gestión más justa, transparente y sustentable, asimismo, desarrolla mecanismos para fortalecer a comunidades y comités de agua, y facilitar la transmisión de derechos en casos de herencias y compraventas. Sin embargo, algunos legisladores de oposición expresaron preocupaciones respecto a posibles concentraciones de poder y riesgos de discrecionalidad administrativa, alertando sobre la necesidad de mecanismos que aseguren equilibrio y protección democrática. La iniciativa ahora pasará a la discusión de sus artículos reservados, en busca de consolidar un marco que respalde el sostenimiento y la justicia en el acceso al recurso hídrico en México.
