La HB 9, conocida como la Ley de Seguridad de los Inmigrantes en Nuevo México, fue pausada por el fiscal general Raúl Torrez tras una acción legal del Departamento de Justicia de EE.UU. Esta normativa tenía como objetivo proteger a las familias inmigrantes y prohibir la colaboración del estado con las autoridades migratorias.
La legislación, firmada el 5 de febrero, busca asegurar la protección de los migrantes frente a detenciones y redadas. Establece cuatro principios clave: prohíbe acuerdos de detención, exige la terminación de contratos existentes, restringe el uso de propiedades públicas para detenciones motivadas por cuestiones migratorias y elimina los convenios que permiten a las autoridades locales actuar como agentes de inmigración.
A pesar de su intención de fortalecer la confianza en las autoridades locales ante víctimas de delitos, el Departamento de Justicia considera que la HB 9 infringe la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular las políticas migratorias. Esta percepción llevó a la presentación de una demanda que argumenta que la normativa está diseñada para desmantelar décadas de cooperación entre diferentes niveles de gobierno.
La respuesta de Nuevo México a esta acción legal fue rápida. El 13 de mayo, Torrez aceptó pausar la aplicación de la ley en un intento de agilizar la resolución del litigio. El compromiso de suspender la HB 9 fue una medida para facilitar las negociaciones y evitar conflictos adicionales en el caso que sigue ante los tribunales.
Con información de lanacion.com.ar