La reforma busca unificar y actualizar las sanciones y protocolos para perseguir este delito en todo el país, aumentando la efectividad y reduciendo la impunidad. En un avance significativo para la seguridad en México, el Senado ha aprobado una reforma legislativa destinada a fortalecer la prevención, investigación y sanción de la extorsión a nivel nacional. La iniciativa implementa modificaciones en varias leyes clave, incluyendo el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el propósito de unificar las definiciones y sanciones del delito en todo el territorio. Este cambio legislativo responde a la creciente preocupación por el impacto que la extorsión genera en comunidades, negocios y particulares, especialmente en un contexto donde el uso de tecnologías digitales ha multiplicado las vías para perpetrar estas actividades ilícitas. La reforma contempla el aumento de las penas, que ahora podrían llegar hasta los 25 años de prisión en casos graves, además de establecer protocolos más estrictos para las fiscalías y fuerzas de seguridad. Un aspecto destacado es la inclusión de medidas para proteger a víctimas y testigos, además de promover la capacitación especializada de los elementos encargados de investigar estos delitos. La iniciativa también busca hacer frente a las diferentes modalidades de extorsión, como las telefónicas, digitales o mediante amenazas físicas, facilitando una persecución efectiva en todo el país. Este paquete legislativo surge en un momento en que las cifras reflejan un incremento en las víctimas de extorsión, con más de 10,800 casos registrados a cierre de 2024, según datos oficiales. La unificación de las normativas facilitará que las autoridades federales y estatales trabajen de manera coordinada para reducir la impunidad y proteger mejor a la población, alineándose con las tendencias internacionales en la lucha contra las formas modernas de delincuencia. PASREFERENCIA: El impulso por fortalecer las leyes en
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