La aprobación en la cámara baja reduce penas y amenaza con liberar a criminales, generando debate sobre seguridad y justicia en el país. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó una legislación en trámite exprés que afecta directamente a quienes cometen extorsión en México. La nueva normativa reduce las penas de prisión, que podrían variar entre 6 y 15 años, y permite la liberación anticipada de sentenciados en estados donde las sanciones son más severas, como Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Morelos. En Chihuahua, por ejemplo, se estima que unas 150 personas condenadas por extorsión podrían salir antes de cumplir sus sentencias, mientras que en los otros estados, la cifra alcanza a más de 500 individuos. La iniciativa también contempla disminuir las penas para servidores públicos que no denuncien estos delitos, en respuesta a reclamos por la impunidad que prevalece en el país. El debate en el pleno fue intenso, duró más de diez horas y media, y concluyó con una votación que favoreció la norma con 339 sufragios a favor. Sin embargo, un número significativo de legisladores expresó inquietudes, incluidos algunos integrantes de Morena, partido que impulsó la propuesta. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, admitió que esa legislación podría facilitar que criminales recuperen su libertad antes de tiempo, pero aún así solicitó el respaldo a la iniciativa. Este proceso legislativo ha generado preocupación entre expertos en seguridad y derechos humanos, quienes advierten que las reformas podrían incrementar el riesgo de que la extorsión y otros delitos continúen en aumento, afectando la tranquilidad de varias comunidades mexicanas.
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