La reforma aprobada en el Senado establece sanciones severas, generando preocupación sobre la indefensión y criminalización de los consumidores adolescentes. Recientemente, el Congreso de la República aprobó una modificación a la Ley General de Salud que contempla sanciones penales y administrativas para quienes consumen o comercializan cigarrillos electrónicos y vapeadores. La reforma, sancionada en el Senado, genera polémica por su redacción ambigua, que no distingue claramente entre uso personal y comercio, fomentando interpretaciones que podrían afectar principalmente a la juventud. Expertos en salud pública y derechos humanos advierten que estas disposiciones podrían derivar en una mayor criminalización de los jóvenes, dificultando su situación jurídica y exponiéndolos a penas de prisión de hasta ocho años y multas millonarias. La falta de énfasis en políticas preventivas y educacionales en el marco de la legislación contrasta con los enfoques exitosos en otros países, donde la educación y la regulación equilibrada han logrado reducir el consumo juvenil de estas sustancias. Este escenario refleja una tendencia en la política mexicana a priorizar sanciones sobre la prevención, un método que ha mostrado ser poco eficaz en la lucha contra las adicciones. La importancia de este cambio radica en su potencial impacto en las generaciones futuras, especialmente ante el crecimiento del consumo de productos alternativos a los tabacos convencionales. Históricamente, la regulación del consumo de sustancias psicoactivas en México ha sido compleja, enfrentando debates entre la necesidad de control y la protección de los derechos humanos. En este contexto, la reciente reforma evidencia la urgencia de integrar enfoques que combinen regulación, educación y prevención para abordar eficazmente la problemática del consumo juvenil.
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