La propuesta busca que el delito sea perseguido sin necesidad de denuncia previa, fortaleciendo la lucha contra la extorsión en México. Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la legislación contra la extorsión, con el objetivo de que las autoridades puedan actuar de oficio en la persecución del delito. La propuesta fue detallada por la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien subrayó que contempla una modificación en el sistema penal para eliminar la dependencia de una denuncia formal, permitiendo iniciar investigaciones automáticamente cuando exista evidencia suficiente. La legislación propuesta contempla penas que van de seis a quince años de prisión, con posibles aumentos en casos agravantes, como la participación de menores, migrantes, servidores públicos, cobro de piso o delitos cometidos desde centros penitenciarios. Además, busca fortalecer la coordinación entre diferentes niveles de gobierno y facilitar la investigación, persecución y sanción del delito de extorsión en todo el país, buscando proteger mejor a las víctimas y reducir la impunidad en estos casos, que representan una amenaza significativa para la seguridad y el desarrollo social en México. La iniciativa responde a la creciente preocupación por la propagación de actos extorsivos y su impacto en comunidades vulnerables, especialmente en contextos donde la delincuencia organizada ejerce influencia y presión.
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