Las autoridades de Venustiano Carranza presionan a los vendedores para que cambien su giro, en medio de acusaciones de irregularidades y posibles actos de corrupción. En los últimos días, los comerciantes del Mercado Sonora en la alcaldía Venustiano Carranza han reportado clausuras inesperadas y presiones por parte de las autoridades para obligarlos a dejar de vender animales vivos. La situación surge tras una resolución judicial que prohíbe la venta de seres sintientes en mercados públicos, argumentando protección animal, pero los locatarios denuncian que las acciones de las autoridades carecen de transparencia y parecen responder a intereses indebidos. El asesor jurídico de los vendedores, César Ríos, señala que las inspecciones se enfocan principalmente en aspectos administrativos, como verificar permisos, en lugar de abordar el maltrato animal. Además, denuncia que personal del gobierno local ha ofrecido retirarse de la clausura a cambio de pagos económicos significativos, llegando a pedir hasta 300,000 pesos para permitir la venta de animales nuevamente. Hasta ahora, alrededor de 30 de los 88 locatarios afectados han cambiado de giro para evitar sanciones, pero otros mantienen su actividad por tradición y patrimonio familiar. Este conflicto refleja un contexto más amplio donde la protección animal, los derechos económicos de los vendedores y las políticas públicas se entrelazan. La regulación y aplicación de leyes de bienestar animal deben equilibrar la protección de seres vivos con los derechos de los pequeños comerciantes, enfrentando en muchos casos resistencias y prácticas que generan sospechas de corrupción. La controversia en el Mercado Sonora pone de manifiesto la complejidad de gestionar estas políticas en un entorno donde las tradiciones y las regulaciones modernas chocan.
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