La discusión sobre el control y la independencia del Ministerio Público de la Acusación polariza la reforma constitucional que redefine la justicia en la provincia. La reforma constitucional en Santa Fe ha puesto en el centro del debate la estructura y autonomía del sistema judicial provincial, generando una intensa disputa por el poder real entre los diferentes actores políticos y judiciales. En específico, la discusión sobre el Ministerio Público de la Acusación, el cuerpo de fiscales provinciales, representa un enfrentamiento fundamental en el cambio de las reglas institucionales. La cuestión clave radica en determinar si estos fiscales operarán como un órgano extrapoder, con independencia plena, o si seguirán bajo el control del Poder Ejecutivo, en un intento por preservar la influencia política sobre la persecución del delito. Este debate se enmarca en una convención constituyente con baja participación ciudadana, resultado de una elección histórica marcada por el ausentismo, aunque su influencia en la redistribución del poder es significativa. Tras dos semanas de trabajo, los temas de fondo incluyen la duración del mandato de los jueces, la creación de mecanismos como el Consejo de la Magistratura y la implementación del juicio por jurados, pero la tensión sobre el control de las fiscalías ha generado el mayor impacto político. La propuesta de que los fiscales puedan ser designados y removidos por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo, condiciona notablemente la independencia del Ministerio Público y su capacidad de investigar sin interferencias. Este escenario recuerda casos anteriores en los que fiscales de Santa Fe enfrentaron obstáculos al intentar investigar políticos, evidenciando cómo una estructura de control puede limitar la capacidad de persecución penal contra actores poderosos. La percepción entre los operadores judiciales y políticos muestra una resistencia creciente hacia una fiscalía autónoma que pueda actuar sin depender del poder político
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