A pesar de ser un delito, las denuncias por maltrato animal siguen en aumento y las autoridades enfrentan fallas en la intervención efectiva. El flagelo del maltrato animal en la Ciudad de México continúa siendo un desafío para las autoridades, a pesar de que la legislación considera esta conducta como un delito. Durante 2018 a 2024, la Fiscalía local abrió más de dos mil carpetas de investigación por casos de maltrato, de las cuales menos del 20% terminaron en judicialización, evidenciando una notable dificultad para aplicar sanciones efectivas. La falta de una respuesta contundente por parte de las instituciones ha sido criticada por organizaciones activistas que denuncian la inacción ante situaciones de crueldad animal. Numerosos casos, como el de un perro llamado Apolo, evidencian las deficiencias en la atención. A pesar de las denuncias vecinales y los reportes a las autoridades, los esfuerzos de la Brigada de Vigilancia Animal y la Agencia de Atención Animal se limitaron a acciones simbólicas, como pegar oficios en las puertas de los denunciados, sin rescatar efectivamente a los animales en peligro. La situación se agrava con acusaciones de desaparición y suplantación de perros, además de tolerancia hacia el uso de animales en protestas y el comercio en mercados públicos. Expertos y activistas aseguran que dichas instituciones carecen de la capacidad suficiente para atender con rapidez y eficacia las denuncias, lo que ha motivado protestas y peticiones para renovar el liderazgo de los organismos responsables. La intervención policial solo ocurre cuando un Ministerio Público emite una orden formal, pero en promedio, solo en una de cada cinco denuncias se logra una acción penal efectiva debido a la lentitud del sistema judicial. Este escenario refleja una brecha significativa entre la legislación y su cumplimiento, poniendo en entredicho la protección que las leyes mexicanas ofrecen a los animales y la necesidad de reforzar los mecanismos de respuesta institucio
Temas: