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Massalin logra influir en el Congreso para avanzar en la legalización de los vapeadores

Empresas tabacaleras buscan legalizar el vapeo en Argentina, impulsadas por un funcionario clave en el Congreso, en un esfuerzo por abrir un mercado aún prohibido por la ley.

Por Redacción2 min de lectura
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La empresa tabacalera colocó a un funcionario clave para garantizar la aprobación de legislaciones que legalicen los cigarrillos electrónicos, saltándose la prohibición vigente desde 2011. Una estrategia inédita diseñada por la multinacional tabacalera Massalin Particulares ha puesto en marcha un operativo para impulsar la legalización del consumo de cigarrillos electrónicos y sistemas de vapeo en el Congreso de la Nación. Bajo este esquema, la compañía fichó a Ignacio Devitt, ex empleado de Philip Morris, para desempeñar un rol de articulador entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, en un intento por destrabar un negocio multimillonario que actualmente enfrenta una prohibición impuesta por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) desde 2011. El reciente ingreso de Devitt a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete no fue casual. Desde esa posición, tendrá la misión de gestionar los votos necesarios en el Congreso para aprobar una serie de proyectos que regulen el mercado del vapeo, en un contexto donde las legislaciones previas fracasaron en el pasado. La reactivación de estas iniciativas coincide con intentos de la industria por reducir impuestos y eliminar restricciones, buscando abrir un lucrativo segmento casi sin regulación. Esta movida también se enmarca en un contexto de mayor presión por parte de las tabacaleras, que durante el último año intentaron, sin éxito, reducir gravámenes impositivos sobre los vaporizadores, afectando las arcas fiscales. La participación de figuras políticas y consultores vinculados a la industria evidencia un interés estratégico por revertir la prohibición que rige desde hace más de una década, a pesar de los evidentes riesgos para la salud pública que ha señalado la comunidad médica internacional. La decisión de incluir a un funcionario en este proceso refleja un cambio en la dinámica política del sector, donde actores privados intentan influir en la legislación c

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