La proliferación de almacenamiento y venta ilegal de gasolina y diésel afecta al sector formal, la recaudación fiscal y genera riesgos ambientales y de seguridad. El fenómeno del almacenamiento y distribución clandestina de combustibles en México ha alcanzado niveles alarmantes, con una estimación de más de 100,000 sitios operando sin regulación. Este crecimiento se ha visto impulsado por una oferta que facilita la creación de tanques sin permisos, permitiendo que empresas improvisadas almacenan hidrocarburos de forma irregular. La facilidad para adquirir, instalar y administrar estos espacios ha facilitado la expansión de una red ilícita que conecta con usuarios finales y fomenta la introducción de combustible de procedencia ilícita en el mercado. El impacto en el sector formal de la gasolina y el diésel ha sido visible en la pérdida de clientes corporativos, especialmente en el transporte, donde muchas empresas han optado por comprar combustible ilegal debido a su menor precio, que puede ser hasta un peso por debajo del costo oficial. Esta situación no solo afecta la economía del sector regulado, sino que también distorsiona la competencia y perjudica la recaudación fiscal, pues el comercio clandestino evade impuestos y controles. Por ello, las autoridades mexicanas han comenzado a reforzar la regulación, exigiendo permisos para operaciones de autoconsumo y estableciendo controles de trazabilidad mediante inspecciones del Servicio de Administración Tributaria y otras instancias. Sin embargo, aún persisten vacíos regulatorios, particularmente en la normativa técnica y de seguridad de los tanques y equipos utilizados en estos patios industriales, lo que deja una gran cantidad de instalaciones fuera del radar de las supervisiones y expuestas a riesgos ambientales y operativos. Este fenómeno va más allá de una problemática económica: pone en riesgo la seguridad, favorece la circulación de combustible robado y afecta la seguridad ambiental. La lucha contra estos mercad
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