El aumento en la dependencia del sector privado y el incremento del gasto propio reflejan desafíos en la cobertura sanitaria básica en México. En el año 2024, un número significativo de mexicanos, superior a 77 millones, quedaron excluidos del sistema público de salud, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La población que decidió no recurrir a los servicios públicos optó mayoritariamente por atención en clínicas privadas, consultorios de farmacias y, en algunos casos, terapias tradicionales. Como resultado, un aumento en la automedicación se presentó, alcanzando a más de la mitad de estos adultos, cifra que marca un incremento respecto a años anteriores y refleja una tendencia en la cual las personas evitan las instituciones públicas por diferentes motivos. El tiempo de espera y la percepción de menor eficiencia en el sector público motivan esta preferencia por los servicios privados, que ofrecen atención en aproximadamente 25-30 minutos, frente a casi una hora en el sistema estatal. La insuficiencia de acceso también se refleja en las cifras de quienes carecen de seguros y centros de atención: para fines del año pasado, alrededor de 44.5 millones de mexicanos, un tercio de la población, no tenían acceso a servicios públicos de salud, triplicando la cifra de 2018. Además, las consultas en hospitales públicos disminuyeron un 20%, lo que evidencia una disminución en la oferta y cobertura del sistema de salud estatal. Consecuentemente, los gastos en salud de las familias mexicanas han aumentado progresivamente, con un incremento del 41% en gastos de bolsillo en los últimos cinco años. La mayor carga financiera y la baja disponibilidad de atención pública exacerban la desigualdad sanitaria, poniendo en cuestionamiento la sostenibilidad del sistema. La preocupación por la equidad y la eficiencia en la prestación de servicios sanitarios impulsa a expertos a llamar por reformas que fortalezcan la cobertura y reduzcan la dependenc
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