El sector empresarial denuncia que la extorsión y el cobro de piso controlan la economía y requiere una estrategia nacional para combatirlas. En un contexto donde la seguridad económica se ve gravemente afectada, las prácticas de extorsión y cobro de piso se consolidan como amenazas que limitan la libertad empresarial en diversas regiones del país. La inseguridad jurídica y la impunidad han permitido que estos delitos tengan un impacto profundo en la vida económica y social, colocando a miles de negocios en situaciones vulnérables y restringiendo su capacidad de operación. La incidencia de estos ilícitos ha registrado un incremento reciente, alcanzando cifras alarmantes. Hasta la fecha, más de ocho mil setecientas víctimas han sido reportadas en lo que va del año, con un crecimiento del 5 por ciento respecto al periodo anterior. La expansión de estos delitos en las áreas fronterizas es aún más significativa, con un aumento superior al 15 por ciento, afectando a una proporción importante de empresarios en dichas regiones. Este panorama requiere una respuesta coordinada. Especialistas y representantes del sector privado hacen un llamado a las autoridades nacionales y locales para que implementen acciones contundentes, incluyendo una estrategia integral, asignación de recursos adecuados y la armonización de la legislación en materia de seguridad. La lucha contra la impunidad es esencial para garantizar la protección de los comerciantes y fortalecer la economía formal. La situación refleja una percepción generalizada de inseguridad que impacta en la inversión y el desarrollo del país, por lo que buscar soluciones efectivas se vuelve una prioridad nacional. La cooperación entre instituciones y la sociedad civil será clave para revertir esta tendencia y restablecer un ambiente de confianza y seguridad económica.
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