El país logró desestimar un arbitraje respaldado por el TLCAN y el T-MEC, imponiendo límites temporales a reclamos por expropiaciones en terrenos rurales. México logró frenar un importante proceso arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en una decisión que marca un precedente en la defensa de las obligaciones internacionales del país. La demanda fue presentada en 2023 por la firma estadounidense Access Business Group, que reclamaba más de 2,700 millones de dólares por una expropiación supuestamente irregular de terrenos agrícolas en Jalisco. La compañía alegaba que la entrega de tierras a comunidades campesinas habría violado compromisos asumidos en el marco del TLCAN y el T-MEC, que regían en ese momento. Sin embargo, el tribunal arbitral rechazó la reclamación, argumentando que los hechos ocurrieron fuera del período de protección establecido en los tratados, concretamente más de dos años después de la terminación del TLCAN. Esto reflejó la tendencia internacional hacia una mayor rigurosidad en la interpretación de los plazos y las obligaciones de protección a la inversión extranjera. La decisión también ordenó a la empresa el pago de 1.3 millones de dólares en gastos procesales al Estado mexicano. Este fallo enfatiza cómo los tribunales internacionales están reforzando los límites temporales para presentar reclamaciones, lo cual impacta las estrategias de protección a la inversión y la seguridad jurídica del país. La defensa mexicana estuvo a cargo de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, en colaboración con firmas especializadas en arbitraje internacional, y con apoyo institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para temas relacionados con propiedad de la tierra. La resolución del arbitraje aún se encuentra en revisión y será publicada próximamente en la página del CIADI, aportando mayor claridad sobre los límites y procedimientos en estos casos
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