A pesar de contar con estudios y conocimientos sobre sus efectos, las acciones oficiales siguen siendo insuficientes y poco constantes para erradicar la violencia contra las mujeres. A pesar de la existencia de numerosos estudios que evidencian las profundas afectaciones de la violencia de género en ámbitos como la economía, la salud mental, la educación y el empleo, las políticas públicas en México continúan siendo insuficientes para abordar esta problemática de manera efectiva. Expertos en derechos femeninos señalan que, si bien se generan alertas cada 25 de noviembre, no existen acciones permanentes ni prioritarias en los tres niveles de gobierno para prevenir, atender o erradicar la violencia contra las mujeres. La asignación presupuestal también refleja esta falta de compromiso, ya que en el ámbito nacional se ha reducido el financiamiento destinado a refugios para mujeres en situación de violencia. Además, las instituciones encargadas de la atención y justicia enfrentan retos en capacitación y en garantizar procesos sin revictimización ni impunidad. La baja en la confianza de las víctimas en las instituciones públicas impide que muchas mujeres accedan a los recursos disponibles. Ampliar las acciones en temas de violencia de género requiere integrar una perspectiva de protección y prevención desde una visión integral y constante, más allá de campañas mediáticas temporales. La construcción de un entorno seguro para las mujeres demanda esfuerzos permanentes y decididos para transformar las instituciones y las actitudes sociales que perpetúan la violencia.
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