Esfuerzos institucionales, cooperación internacional y reformas regulatorias buscan garantizar una alimentación adecuada en todo el país. México enfrenta un desafío persistente en materia de seguridad alimentaria, caracterizado por una cantidad significativa de población con inseguridad moderada y severa, especialmente en el sur y en zonas rurales. Aunque las estadísticas nacionales muestran indicadores moderados, las desigualdades territoriales y étnicas evidencian brechas importantes en el acceso a una alimentación digna. La pobreza en el país también disminuyó en 2024, situándose en 29.6 por ciento, pero aún existen obstáculos relacionados con los ingresos reales y la calidad de los salarios, que afectan la disponibilidad y el consumo de alimentos frescos y nutritivos. El gobierno ha implementado diversas acciones regulatorias, incluyendo la prohibición de la venta y promoción de comida chatarra en instituciones educativas, acompañada de lineamientos para promover opciones más saludables y apoyar a productores regionales. Además, se ha reforzado la política de abasto social mediante tiendas del bienestar y productos de valor agregado, como chocolates elaborados con cacao del sureste, buscando una mayor inclusión social y económica. La cooperación internacional, a través de la FAO y programas como Mesoamérica sin Hambre, impulsa la adopción de dietas saludables y mecanismos de acceso equitativo, especialmente para pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, promoviendo una gobernanza efectiva del sistema alimentario mexicano. Para consolidar estos esfuerzos, se plantea una agenda de acciones que incluyen blindar el presupuesto de seguridad alimentaria, fortalecer compras públicas escolares vinculadas a la agricultura local, mejorar el acceso a agua segura y garantizar la medición constante de avances mediante inspecciones y datos abiertos. La integración de políticas públicas, acompañada de monitoreo riguroso y transparencia, busca que mejorar la alimentación deje de se
Miércoles, 13 de mayo de 2026
