La presencia del crimen organizado en Michoacán ha llevado a un incremento dramático en ataques a actores políticos y funcionarios, colocando a la entidad en situación de alto riesgo. La influencia del crimen organizado en Michoacán ha alcanzado niveles alarmantes, colocando a la entidad entre las más vulnerables ante la expansión del régimen criminal que domina territorios mediante violencia y impunidad. En los últimos años, la violencia política ha escalado, llevando a un aumento significativo en las agresiones contra funcionarios públicos, políticos y alcaldes, consolidando un panorama de riesgo extremo en diversas regiones de la entidad. Desde 2018 hasta 2025, las víctimas de violencia político-criminal en Michoacán se duplicaron, con un incremento del 100%, lo que evidencia una tendencia preocupante que no muestra signos de contención. La fragmentación del poder en manos del crimen organizado se refleja en la prevalencia de asesinatos, que constituyen más de la mitad de los ataques dirigidos a figuras públicas, y en la grave inseguridad que enfrentan los alcaldes, quienes en los últimos años han sido blanco frecuente de violencia y en algunos casos han sido asesinados. Michoacán se posiciona como el estado más peligroso para ejercer cargos municipales, con una constante escalada en ataques y asesinatos de ediles. Más de una decena de alcaldes han perdido la vida en hechos relacionados con el crimen organizado, y la amenaza se intensifica en municipios como Aguililla y Uruapan, donde la violencia alcanza niveles exorbitantes. La impunidad y la presencia del crimen en todos los ámbitos públicos contribuyen a que la entidad sea un foco rojo en la lucha contra la violencia territorial. Este escenario revela que la infiltración del crimen en las estructuras gubernamentales no solo afecta la seguridad personal y política, sino que también limita la posibilidad de establecer un gobierno eficaz, generando un riesgo latente para la estabilidad social y el desarrollo en
