La protección y apoyo a las mujeres siguen siendo prioritarios en palabras, pero sus recursos reales en el presupuesto de la actual administración son limitados y superficiales. A pesar de las declaraciones oficiales que resaltan la importancia de la participación y el reconocimiento de las mujeres en la historia y en la vida pública, las acciones concretas del gobierno actual no reflejan un compromiso real en materia de igualdad de género. La primera presencia de la presidenta en el acto cívico de independencia enfatizó la inclusión femenina, pero las prioridades de gasto institucional muestran un panorama diferente. La creación de la Secretaría de las Mujeres, una medida que buscaba consolidar políticas de igualdad y coordinar un sistema de cuidados, enfrenta ahora recortes presupuestales para 2026. Además, las asignaciones de recursos no contemplan la ampliación de infraestructura ni servicios universales de atención, limitándose a transferencias directas y programas de apoyo temporales. En los últimos meses, se han eliminado varios programas clave, entre ellos los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia, que representan una herramienta esencial para salvaguardar vidas frente a la alarmante cifra de feminicidios en el país. La ausencia de apoyos efectivos y de una estrategia integral refleja una brecha entre el discurso público y las políticas reales. La protección y bienestar de las mujeres en el país demandan no solo reconocimiento simbólico, sino también recursos sustanciales que faciliten cambios estructurales y reduzcan las desigualdades persistentes. Desde el contexto internacional, donde la lucha por la igualdad de género y la protección contra la violencia de género son prioridades globales, la situación en este país evidencia que los avances en los discursos aún enfrentan obstáculos en la implementación efectiva de políticas públicas. La continuidad de estas medidas y recursos será determinante para cerrar las brechas y garantizar una
Temas: