La falta de condiciones estructurales limita la participación laboral femenina y afecta el desarrollo económico del país. A pesar del potencial laboral que poseen muchas mexicanas, una amplia fracción de ellas continúa fuera del mercado laboral debido a obstáculos estructurales y sociales. En las regiones con peores condiciones para el desarrollo económico, cerca de 17 millones de mujeres permanecen sin empleo formal ni autonomía económica, reflejando un rezago que afecta tanto a su bienestar individual como al crecimiento del país. La diferencia en niveles educativos, la carga desigual de trabajo no remunerado y la informalidad laboral son algunos de los factores que frenan su participación efectiva en el mercado laboral. Además, solo una minoría logra acceder a la propiedad de bienes, y muchas trabajan en condiciones precarias sin protección social o ingresos sostenibles. La inversión en políticas que fomenten la educación, la formalización del trabajo y la autonomía financiera de las mujeres es clave para potenciar su integración laboral. Estudios recientes indican que si México lograra incrementar la participación femenina al promedio de países de la OCDE, millones de mujeres y miles de millones de pesos en producto interno bruto podrían añadirse a la economía en los próximos años, resaltando la urgencia de convertir este reto en una prioridad nacional. La desigualdad persistente en el trabajo doméstico y los bajos niveles de propiedad de activos son indicadores claros de las brechas estructurales que todavía deben cerrarse para alcanzar una participación laboral plena y equitativa.
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