Las autoridades minimizan los actos violentos, pese a evidencia que señala la existencia de un clima de terror impulsado por grupos criminales en varias regiones del país. En México, la percepción oficial sobre la violencia se ha caracterizado por una persistente negación del uso del término “terrorismo” para describir ciertos actos delictivos, a pesar de la evidencia que confirma su existencia. El sábado 6 de diciembre de 2025, en Michoacán, un coche bomba explotó en Coahuayana, dejando seis muertos, entre ellos tres policías. Este hecho ocurrió coincidencialmente con la celebración del primer aniversario del gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la Ciudad de México. La culminación de esta explosión envió un claro mensaje de intimidación desde los grupos criminales michoacanos, sin que las autoridades aceptaran oficialmente su carácter terrorista. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana optaron por clasificarlos como actividades delictivas sin etiquetarlas como actos de terrorismo, postura que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la falta de reconocimiento del clima de miedo instaurado por el crimen organizado. Esta tendencia a minimizar la violencia no es casual, sino que responde a una estrategia gubernamental que busca evitar derivar el conflicto en un reconocimiento explícito de un Estado en riesgo. La realidad, sin embargo, marca un escenario peligroso: en agosto de 2025, Estados Unidos alertó a sus ciudadanos sobre la elevada peligrosidad de México, incluyendo recomendaciones para evitar siete estados en particular por presencia de violencia y terrorismo, entre ellos Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. La relación entre estas advertencias y la respuesta oficial mexicana revela un intento de ocultar la magnitud del problema. El concepto de terrorismo, definido por organismos internacionales como la ONU y expertos en la materia, implica el uso de la violencia para infundir miedo y lograr
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