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Nuevo regulador de telecomunicaciones busca resolver deuda laboral heredada del IFT

La CRT trabaja para gestionar pagos pendientes a extrabajadores del IFT, heredados por más de 128 millones de pesos, tras su extinción y transferencia de fondos.

Por Redacción1 min de lectura
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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones trabaja para gestionar pagos pendientes a excolaboradores del órgano anterior, que suman más de 128 millones de pesos. La creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha iniciado gestiones para cumplir con las obligaciones laborales heredadas del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Una de las principales prioridades es resolver la situación de 133 extrabajadores de confianza que, tras la desaparición del órgano regulador, permanecen sin recibir su indemnización correspondiente, cifrada en más de 128 millones de pesos. La transferencia de fondos, que actualmente reside en un fideicomiso gestionado por la Secretaría de Hacienda, ha generado incertidumbre debido a la falta de pagos y comunicación con los afectados. El fideicomiso que contiene los recursos relevantes para estos pagos ascendía a 2,560 millones de pesos al segundo trimestre de este año, luego de que el IFT entregara dichas cantidades a Hacienda. La ley en materia de telecomunicaciones establece que, una vez cubiertas las obligaciones laborales, estos fondos deben transferirse a la autoridad económica para su distribución. Sin embargo, la demora en los pagos ha provocado protestas y una creciente inquietud entre los exempleados, quienes enfrentan una situación de vulnerabilidad tras años de trabajo dedicado a la regulación del sector, fundamental para el crecimiento económico del país. En este contexto, la CRT y la Agencia de Transformación Digital han acordado reuniones con los afectados para acelerar los procesos. La primera de estas reuniones se realizará en los próximos días, con el compromiso de encontrar una solución rápida y efectiva. La situación refleja la necesidad de proteger derechos laborales en procesos de restructuración institucional, y resalta la importancia de cumplir con las obligaciones sociales en las transiciones del sector público.

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