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Oaxaca fortalece sanciones por incumplimiento de pensión alimenticia

Oaxaca reduce a 60 días el plazo para perder la patria potestad por incumplimiento en pensiones alimenticias, priorizando la protección de los derechos infantiles.

Por Redacción2 min de lectura
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La reforma reduce a 60 días el plazo para perder la patria potestad en casos de impago, priorizando la protección de los derechos infantiles. El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó una modificación al Código Familiar que busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a incumplimientos en las obligaciones alimentarias. La reforma establece que la pérdida de la patria potestad y la custodia puede ser aplicada a quienes incumplan total o parcialmente durante más de 60 días el pago de pensiones, las cuales pueden ser provisionales, definitivas o acordadas convencionalmente. Esta iniciativa, impulsada por diputadas del Partido Verde Ecologista de México, acorta el plazo anterior de 90 días, buscando reducir la vulnerabilidad en la que se encuentran los menores ante retrasos en el cumplimiento de sus derechos básicos. Este cambio se enmarca en un enfoque más integral sobre los derechos de la infancia, entendiendo que el derecho a recibir alimentos trasciende la simple nutrición e incluye aspectos esenciales como vivienda, educación y atención médica. La reforma enfatiza que el incumplimiento en estas obligaciones, más allá de ser un asunto legal, afecta directamente el desarrollo integral de los menores y viola principios constitucionales y derechos internacionales. Asimismo, la modificación aclara que la patria potestad no es un derecho absoluto, sino un conjunto de responsabilidades estrictamente tuteladas por la ley, cuya pérdida se contempla solo en casos en que el ejercicio de esta función deja de proteger y cuidar a los menores. La reducción del plazo de incumplimiento refleja una visión moderna que reconoce a los hijos como titulares de derechos, priorizando su bienestar por encima de sanciones. Este cambio legal entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial, planteando un debate social y jurídico sobre los límites de la responsabilidad parental y el papel del Estado en la protección de derechos fundamentales ante casos de incum

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