La ineficacia en la gestión de derechos humanos pone en riesgo la confianza pública. Diputadas de oposición, como Delfina Pozos (PRI) y Luana Armida Amador (PAN), exigen la renuncia de la ombudsperson, Rosa Isela Sánchez Soya, por su eficacia inferior al 1% en la resolución de quejas. Durante su gestión, solo se resolvieron 40 de más de 8,500 quejas. La falta de acción efectiva ha desatado críticas sobre su papel en la defensa de derechos humanos. Pozos argumenta que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) debe actuar de manera independiente y no convertirse en un organismo administrativo sin impacto real. Asimismo, Amador señaló que la baja productividad y la falta de recomendaciones en casos de tortura son preocupantes, lo que confirma la ineficacia institucional en proteger los derechos de los ciudadanos.
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