Líderes políticos critican el uso de la fuerza y señalan criminalización de jóvenes en movilización en la Ciudad de México. Tras los incidentes ocurridos durante una marcha de la Generación Z en la Ciudad de México, líderes de diferentes fuerzas políticas criticaron enérgicamente la respuesta del gobierno capitalino. La manifestación, que reunió a jóvenes en reclamo de derechos y seguridad, se vio marcada por enfrentamientos entre autoridades y civiles, en los que se reportaron agresiones y detenciones. Los dirigentes opuestos argumentan que la policía actuó con exceso de fuerza, empleando gases lacrimógenos, golpes y detenciones arbitrarias, además de imputar cargos graves, como tentativa de homicidio, a varios participantes. La percepción general es que el gobierno busca silenciar las voces juveniles y criminalizar la protesta social, con una aparente diferencia en la forma en que trata a los manifestantes versus a otros grupos ligados a actividades ilícitas. Este episodio refleja una problemática vigente en la política mexicana, donde las movilizaciones sociales son cada vez más frecuentes y buscan atención ante la falta de soluciones a la inseguridad y la desigualdad. Expertos consideran que estas acciones policiales generan desconfianza ciudadana y afectan la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar derechos constitucionales. En el contexto, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que 19 personas fueron detenidas por delitos graves en relación con los hechos, señalando que estas investigaciones están en curso y que algunos de los acusados podrían enfrentarse a penas de prisión. Sin embargo, organizaciones y familiares aseguran que las acusaciones son falsas y que las detenciones son una estrategia para reprimir el movimiento juvenil. Por su parte, las autoridades locales han abierto investigaciones internas respecto al uso de la fuerza policial, con el fin de esclarecer los hechos y sancionar posibles excesos. La situación evidencia la tens
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