La oposición advierte que en Palacio Nacional se buscan bloquear las investigaciones contra el secretario Omar García Harfuch relacionadas con casos de la desaparición de los 43 normalistas. A poco más de una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el enigma sobre su paradero sigue vigente, sin avances concretos en las investigaciones oficiales. La administración federal mantiene un discurso de silencio, pese a la insistente demanda de justicia por parte de sus familiares y comunidades. En medio de este contexto, se acumulan movimientos en el entorno político y jurídico que generan sospechas sobre posibles intentos de protección a funcionarios clave relacionados con el caso. Entre los cambios relevantes, destaca la renuncia del abogado Vidulfo Rosales, quien representaba legalmente a los familiares de los normalistas. Rosales aceptó un puesto en la Suprema Corte de Justicia, lo que algunos interpretan como una señal de la estrategia para limitar las investigaciones en curso. Asimismo, Alejandro Encinas dejó su cargo en el gobierno capitalino y fue designado como representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, en una movida que ha sido vista como parte de una reconfiguración en la estrategia gubernamental. Estas decisiones coinciden con una fuerte protección hacia Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana, quien en 2014, cuando era jefe de la Policía Federal en Guerrero, participó presuntamente en reuniones relacionadas con la formulación de la versión oficial que pretendía deslindar responsabilidades sobre el caso. La oposición política sostiene que existe un interés en blindar a Harfuch para evitar que se esclarezcan responsabilidades, en un momento en que también se intensifica la presión contra las Fuerzas Armadas ante otros escándalos vinculados a actividades ilícitas. Por otro lado, la investigación sobre la llamada "verdad histórica" y la figura de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia d
Sábado, 9 de mayo de 2026
