La reestructuración de Pemex y la recuperación de su marco constitucional impulsaron una mejora en su percepción internacional y en su funcionamiento interno. En los últimos años, Pemex ha atravesado cambios significativos que han permitido consolidar su posición como una empresa del Estado mexicano. Uno de los pasos principales fue revertir las reformas constitucionales de 2013, las cuales debilitaban su carácter público al equipararla con una empresa privada y reducir su protección legal. La reciente modificación devolvió a la Constitución la normativa que salvaguarda a las empresas estatales, reafirmando que Pemex es una empresa del pueblo de México y no un monopolio. Desde la privatización parcial en los años noventa, Pemex fue fragmentada en varias subsidiarias con la intención de facilitar su privatización progresiva, una estrategia que se mantuvo durante administraciones subsecuentes. Sin embargo, en un esfuerzo por fortalecer la organización, ahora la petrolera opera como una sola entidad integrada verticalmente, eliminando la estructura de múltiples consejos administrativos y centralizando decisiones estratégicas. Esto ha permitido reducir la burocracia y mejorar la eficiencia de la empresa. Por otra parte, Pemex ha podido firmar contratos con empresas privadas para potenciar sus capacidades operativas sin ceder la propiedad del crudo, que sigue siendo un bien nacional. La coordinación semanal entre sus autoridades y la Secretaría de Hacienda garantiza un control riguroso en materia financiera y de inversión. Estos cambios han sido reconocidos por agencias calificadoras internacionales, que han mejorado la perspectiva de la empresa, indicando una mayor estabilidad y solidez financiera. Además, la administración estableció un límite de producción de 1.8 millones de barriles diarios, alineándose con metas de sostenibilidad y energías renovables. Este proceso de reestructuración representa un paso importante en la recuperación de la soberanía energética y en l
