A pesar de una disminución en la población clasificada como pobre, millones enfrentan limitaciones en salud, educación y empleo formal en un contexto de economía débil y respaldo focalizado en adultos mayores. En 2024, el número de mexicanos considerados en situación de pobreza disminuyó a 38.5 millones, representando una reducción de 8.3 millones en comparación con 2022. Este avance estadístico, sin embargo, enmascara una realidad compleja: una gran parte de la población aún carece de acceso a servicios básicos esenciales como salud, vivienda y empleo formal, evidenciando que las mejoras en las cifras oficiales no necesariamente reflejan una mejora en las condiciones de vida. El comportamiento del consumo y los ingresos en los años recientes revela un escenario de estancamiento económico. La disminución en el poder adquisitivo de muchas familias se ha visto agravada por una inflación persistente en alimentos y servicios, además de una caída en las remesas que, tradicionalmente, han sido un impulso económico para hogares vulnerables. La apreciación del peso y las condiciones económicas adversas han limitado la inversión privada y restringido el acceso al crédito, afectando especialmente a las comunidades con menos recursos. Por su parte, las políticas sociales se han centrado principalmente en los adultos mayores, con programas de pensiones que capturan una buena parte del gasto público. Sin embargo, esta estrategia no ha logrado generar mayores oportunidades para los jóvenes y la población en edad productiva, quienes representan un grupo con mayor potencial de consumo y de inversión en su desarrollo personal y laboral. La concentración del gasto en una sola población contribuye a mantener un crecimiento desigual. El deterioro en el contexto económico también ha afectado las remesas, que experimentaron una caída superior al 5% en el primer semestre de 2025. La apreciación del peso, junto con la incertidumbre económica y la falta de estabilidad del Estado de derecho,
Sábado, 9 de mayo de 2026
