La cifra incluye fondos destinados a revocaciones de mandato y otros procesos, y será revisada por las autoridades y el Congreso local El Instituto Electoral del Estado estima destinar alrededor de 700 millones de pesos para gestionar mecanismos de participación ciudadana en 2026. Esta previsión cubre gastos asociados a procesos de revocación de mandato, además de actividades como logística, capacitación, difusión y verificaciones, necesarios para garantizar la legalidad y transparencia de dichas acciones. La cifra fue calculada considerando diferentes escenarios, tanto con solicitudes activas como sin ellas, ya que el plazo para que los municipios presenten peticiones de revocación expira en el próximo año. La asignación de recursos responde a una obligación institucional que obliga a preparar el presupuesto en caso de ser requerido, sin que ello represente una decisión discrecional. La presidenta del órgano electoral anunció que dará un desglose detallado del gasto cuando el proyecto atraviese las fases de revisión en comisiones y Congreso, quienes determinarán ajustarlo si es necesario. En ausencia de solicitudes, el órgano reportará que esos fondos no fueron utilizados, en línea con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera. La iniciativa se enmarca en la fase final del proceso de integración del paquete económico, que será sometido a discusión en los próximos meses.
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