A pesar de una importante caída en los indicadores de pobreza, la falta de empleo formal y la educación limitan el progreso social sostenido en el país. Reducir la pobreza en México ha sido un objetivo prioritario para las políticas públicas recientes, logrando que aproximadamente 13.6 millones de personas puedan salir de condiciones de pobreza en el último sexenio. Sin embargo, esta mejora solo representa una parte del proceso, pues la verdadera clave para un desarrollo sostenible radica en fortalecer la movilidad social, es decir, la capacidad de las personas de acceder a mejores condiciones económicas y sociales a lo largo del tiempo. El progreso económico y social en México sigue enfrentando obstáculos significativos. Datos recientes evidencian una desaceleración en la inversión fija, una contracción en la actividad industrial y una marcada caída en la creación de empleos formales, indicadores que reflejan la vulnerabilidad del crecimiento basado en apoyos asistenciales en lugar de un crecimiento estructural sostenible. La ausencia de oportunidades laborales con seguridad social y capacitación limita la posibilidad de que las familias mexicanas puedan avanzar hacia la clase media o superior. La estructura socioeconómica del país contribuye a que la movilidad social sea una meta aún lejana. La probabilidad de que una persona nacida en la familia más pobre pueda acceder a niveles socioeconómicos superiores es mínima, especialmente si no cuenta con educación de calidad y un empleo formal. La educación emerge como el pilar fundamental: sin ella, la escalera social se vuelve inalcanzable para gran parte de la población, perpetuando ciclos de pobreza que se transmiten de generación en generación. A pesar de que las declaraciones oficiales señalan que el desarrollo social se basa en el aumento del salario mínimo, programas de bienestar, obra pública y mayor inversión privada, los datos muestran un panorama diferente. La inversión en infraestructura y la industria están
