La política oficial beneficia solo a pequeños agricultores del sureste, dejando fuera a regiones clave y generando inquietudes sobre la seguridad alimentaria en México. El programa de precios de garantía para el maíz en México ha sido diseñado para apoyar únicamente a pequeños productores con parcelas de hasta cinco hectáreas en las regiones sureste y península del país. Esta estrategia, implementada por el gobierno federal, excluye a los agricultores de las regiones Centro y Norte, que también representan una parte significativa de la producción agrícola del país. La medida ha generado críticas en el sector por no considerar a medianos y grandes productores, quienes además abastecen el mercado nacional y contribuyen a la seguridad alimentaria en México. En el contexto actual, la producción nacional de maíz enfrenta altos costos asociados a insumos como semillas y fertilizantes, que han aumentado aproximadamente un 46% desde 2022. Paralelamente, los precios internacionales de este cereal han caído entre un 30 y 40%, agravando la rentabilidad de los agricultores. La devaluación del peso frente al dólar también impacta en los ingresos, ya que el precio de referencia se establece en moneda estadounidense. Los agricultores reclaman precios de garantía de al menos 7,200 pesos por tonelada para ser rentables, pero las autoridades ofrecen un precio máximo de 6,050 pesos, lo que, según expertos, deja en desventaja a los productores. La rentabilidad para quienes cultivan en zonas altamente productivas sería apenas del 11%, frente a un escenario ideal cercano al 37% con el precio solicitado. La falta de programas que brinden certidumbre y apoyo a largo plazo ha puesto en riesgo la sustentabilidad del sector. Históricamente, el gobierno anterior implementó mecanismos de agricultura por contrato y coberturas de precios que garantizaban ingresos mínimos a los productores, promoviendo estabilidad económica en el sector. La eliminación de estos programas por parte del actual gobie
Miércoles, 13 de mayo de 2026
