Los abastos sociales en la Ciudad de México generan controversia por su impacto económico y político, afectando a locatarios tradicionales En la Ciudad de México, diversos programas denominados como “abasto del bienestar”, “mercado itinerante”, “abasto popular” o “social” se han expandido en los últimos años, con el objetivo declarado de ofrecer alimentos de calidad a bajo costo en zonas de alta marginación y a poblaciones vulnerables. Uno de los ejemplos más representativos es el programa “Campo Bienestar”, iniciado en 2019 en la alcaldía de Iztapalapa durante la administración de Clara Brugada. Este programa, que opera de lunes a sábado en distintos puntos del municipio, busca garantizar el acceso a productos frescos y de calidad, mediante la venta directa de productores locales o regionales. Según declaraciones de Antonio Molina, director de Programas Sociales de la alcaldía, estos puntos atienden en promedio entre 200 y 250 personas por jornada, ofreciendo verduras, quesos, mole, jamaica, carne embutida y otros alimentos. La estrategia consiste en colocar estos puestos en vías públicas, alejados de los mercados tradicionales y fuera de los días de tianguis, para evitar competencia directa. El funcionamiento de estos abastos se basa en recursos propios o gestionados, y en la garantía de que los productos se venden a precios justos, con básculas calibradas y kilos de peso real. La alcaldía de Iztapalapa afirma que estos programas cumplen con el derecho constitucional a la alimentación, justificando su presencia como una acción estatal que acerca los alimentos a quienes más lo necesitan. La instalación de estos puntos suele ir acompañada de lonas con logos de la alcaldía o de funcionarios, además de patrullas que garantizan la seguridad durante su operación. La presencia de estos abastos en la vía pública ha sido vista por las autoridades como una gestión social y una forma de garantizar la alimentación en zonas vulnerables. No obstante, estos programas no son ofic
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