A pesar de la entrada en vigor hace más de cinco meses, nuevos datos muestran que el 70% de la población no está informada y que el cumplimiento en los planteles es parcial, afectando la salud infantil. Aunque se implementó hace más de cinco meses, la prohibición de vender alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en las instituciones educativas mexicanas sigue siendo desconocida para una gran parte de la población, especialmente para los padres de familia. La falta de conocimiento se refleja en que menos de un tercio de los encuestados afirma estar informado sobre la regulación, pese a contar con un respaldo mayoritario a favor, ya que el 84% apoya la medida que busca promover hábitos alimenticios más saludables en los niños y adolescentes. Sin embargo, la realidad en las escuelas revela un cumplimiento desigual; cerca del 20% de las instituciones aún permiten la venta de productos no autorizados, y en muchas ocasiones, los alumnos continúan accediendo a golosinas y bebidas en sus alrededores inmediatos, donde la normativa no tiene efecto. La presencia persistente de comida chatarra en las inmediaciones de las escuelas, como puestos ambulantes que ofrecen frituras y productos azucarados, evidencia el reto en la implementación. Estudios recientes indican que más de veinte mil planteles no cumplen con los lineamientos, siendo las zonas urbanas como la Ciudad de México y el Estado de México las más afectadas. Paralelamente, los hogares muestran cambios positivos: más padres envían loncheras más saludables y los niños consumen más agua y frutas en sus domicilios. Especialistas consideran que estas acciones en el entorno escolar son clave para contrarrestar la creciente crisis de obesidad infantil, que afecta a uno de cada cuatro menores en el país, y destacan el papel de las escuelas como espacios estratégicos para fomentar mejores hábitos de alimentación y salud.
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