La iniciativa busca criminalizar la fabricación, venta y uso de cigarrillos electrónicos, con sanciones que podrían llegar a ocho años de cárcel. México se aproxima a implementar una legislación que prohibirá completamente la adquisición, comercialización y consumo de dispositivos de vapeo en todo el país. La propuesta contempla sanciones que incluyen penas de prisión que van desde un año hasta ocho años, además de multas de hasta 226 mil pesos, para quienes incumplan la normativa. La iniciativa, respaldada por el gobierno federal, surge ante datos que indican los posibles riesgos sanitarios asociados a estos productos, los cuales pueden contener sustancias tóxicas, metales pesados y otros compuestos nocivos para la salud pulmonar y general. El debate en torno a la propuesta revela preocupaciones sobre el impacto en los usuarios, especialmente jóvenes, y sobre la posible criminalización que podría promover un mercado negro sin regulación. Los defensores de la reforma argumentan que la prohibición es necesaria para proteger la salud pública ante el crecimiento del consumo entre menores, impulsado por campañas de mercadotecnia que promueven los vapeadores como una opción segura. En contraparte, algunos legisladores advierten que estas medidas podrían desviar recursos y atención de otros problemas prioritarios en seguridad y salud en el país. La discusión continúa en el Congreso, con miras a definir si la prohibición se aplicará en toda la nación.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
