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Ley prohíbe vapeadores en México con sanciones de hasta 8 años de cárcel

El Congreso de México aprueba una ley que prohíbe el uso y venta de vapeadores, imponiendo sanciones hasta de ocho años de cárcel para proteger a la población joven.

Por Redacción2 min de lectura
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El Congreso federal aprueba una reforma que busca eliminar el consumo y venta de cigarrillos electrónicos, sumando fuertes multas y penas de prisión. En una votación mayoritaria, el Congreso de México aprobó una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la adquisición, producción, distribución y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el país. La iniciativa, respaldada por Morena y sus aliados del PT y PVEM, obtuvo 324 votos a favor, frente a 129 en contra de la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además del rechazo del diputado Julio Scherer del PVEM. La legislación establece sanciones que incluyen penas de prisión de uno a ocho años y multas que van desde los 11 mil hasta los 226 mil pesos para quienes infrinjan la prohibición. La prohibición también abarca la publicidad y la promoción del consumo de estos dispositivos, señalando como principal objetivo proteger a niños y jóvenes de los riesgos asociados con su uso. Históricamente, los cigarrillos electrónicos han generado controversia por su auge entre los jóvenes y denúncias sobre su potencial para generar dependencia y daño a la salud. La decisión legislativa, además, forma parte de un contexto más amplio en el que México busca fortalecer su marco regulatorio en salud, incluyendo reformas para mejorar el acceso a tecnologías médicas y disminuir la carga de enfermedades como el cáncer. La regulación también contempla la creación de un Plan Nacional de Infraestructura y Equipamiento Médico, reforzando la atención médica con tecnología avanzada. A pesar de los esfuerzos, algunos legisladores expresaron preocupaciones acerca de que la prohibición pueda incentivar un mercado negro y el crimen organizado. En la sesión, algunos diputados propiciaron protestas al vapeando en señal de rechazo a la medida, evidenciando la tensión entre regulación y libertades individuales. Este paso legislativo refleja un compromiso del Estado con la protección de la salud pública ante el creciente uso de pr

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