La regulación actual impide que empresas de cobranza compartan fotos, direcciones o información personal de deudores, protegiendo su privacidad y derechos. En México, las autoridades reguladoras establecen límites claros para la operación de los despachos de cobranza, con el fin de proteger la privacidad de los deudores. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) supervisan y controlan estas actividades, incluyendo la gestión del Registro de Despachos de Cobranza (REDECO), que identifica y monitorea a las empresas autorizadas para emitir cobros en nombre de instituciones financieras. La normativa prohíbe expresamente la difusión pública de datos personales, fotografías, o cualquier forma de exposición que pueda vulnerar la privacidad del deudor. Prácticas como publicar listas negras, anuncios con nombres, usar medios sociales o carteles visibles en lugares públicos, o emplear recursos intimidantes están consideradas ilegalmente. Además, los despachos no pueden establecer registros que hagan público el saldo o estado de la deuda, ni usar denominaciones similares a instituciones públicas para engañar o intimidar. De acuerdo con las disposiciones regulatorias, los despachos de cobranza deben cumplir con una serie de obligaciones, incluyendo informar claramente su identidad, los datos del deudor, la entidad financiera correspondiente, y los términos de pago desde el primer contacto. Todas las negociaciones deben realizarse en horarios establecidos, ser respetuosas, y documentarse formalmente, con el fin de garantizar transparencia y protección al usuario. Ante cualquier irregularidad, los afectados pueden presentar quejas a través de plataformas oficiales, con el respaldo de un proceso regulado que busca combatir abusos y prácticas indebidas en la cobranza. Cabe destacar que la protección de datos personales en actividades de cobranza ha adquirido mayor relevanc
Miércoles, 13 de mayo de 2026
