La disminución presupuestal, aprobada en noviembre, afecta fondos y derechos laborales de magistrados y jueces, generando incertidumbre sobre pagos futuros. En la madrugada del 6 de noviembre, el Congreso de México aprobó un recorte significativo al gasto del Poder Judicial, con el respaldo de 355 diputados de Morena y sus aliados, y el rechazo de la oposición, que sumó 132 votos en contra. La reducción presupuestal impacta al Órgano de Administración del Poder Judicial, responsable de tareas administrativas y de la capacitación de jueces y magistrados. Este órgano ha sido señalado por la proliferación de comentarios acerca de deficiencias en conocimientos básicos entre algunos nuevos integrantes del sistema judicial, quienes actualmente enfrentan una curva de aprendizaje. Una de las consecuencias más relevantes de esta decisión es la posible afectación de fondos destinados a pagar indemnizaciones a magistrados y jueces en caso de retiro. En 2024, se ratificó una reforma constitucional que estableció derechos laborales completos para los trabajadores del Poder Judicial, así como recursos específicos para cumplir con obligaciones económicas, incluyendo pagos por retiro y pensiones complementarias. Sin embargo, los fideicomisos que gestionan estos recursos fueron eliminados en 2024, generando dudas sobre el financiamiento de estas indemnizaciones. A pesar de ello, el coordinador de los diputados de Morena afirmó que los recursos están “garantizados” y que no hay motivo para preocuparse, aunque evitó aclarar el origen exacto de estos fondos. Este recorte presupuestal se presenta en un contexto donde el sistema judicial mexicano enfrenta desafíos constantes, incluyendo la necesidad de mejorar la capacitación y garantizar los derechos laborales de sus integrantes. La reducción del gasto podría tener implicaciones de largo plazo en la estabilidad de las remuneraciones y en la independencia del poder judicial, aspectos fundamentales para la confianza en el sistema de justi
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