Aunque aumentan ligeramente, las transferencias a las entidades federativas no alcanzan niveles de diez años atrás, afectando la atención a demandas sociales. El gasto federalizado destinado a los estados en México para el año 2026 presenta un incremento marginal del 3 % respecto a lo aprobado en 2025, situándose en casi 2.82 billones de pesos. Sin embargo, este aumento resulta insuficiente para compensar la inflación y el crecimiento poblacional, evidenciando una tendencia de estancamiento que se remonta a hace una década. En comparación con 2015, cuando el monto alcanzó cerca de 2.84 billones de pesos, las transferencias actuales son inferiores en términos reales, lo que pone en duda la capacidad de los recursos para cubrir las necesidades sociales crecientes. Un análisis profundo reveló que el gasto por habitante en 2026 será de aproximadamente 20,912 pesos, cifra que, aunque supera la de 2025, permanece distante de los 23,200 pesos registrados en 2015. La brecha en recursos per cápita refleja que, pese a ciertos incrementos recientes, el porcentaje del gasto total destinado a las entidades federativas ha disminuido de 33.8 % en 2015 a menos de 28 % en 2026. Esta redistribución evidencia una priorización diferente en el gasto federal, con un menor peso de las transferencias en el presupuesto general. El estancamiento en las transferencias, sumado a la expansión demográfica, limita la capacidad de los recursos públicos para atender áreas fundamentales como seguridad, infraestructura y servicios básicos. A pesar del incremento en monto absoluto, los estados reciben una proporción menor del presupuesto federal, lo que complica la ejecución de políticas sociales y programas de bienestar a nivel local. Este patrón refleja una reconfiguración presupuestaria que favorece otras áreas del gasto federal, reduciendo el impacto y la efectividad de las transferencias en la mejora de las condiciones sociales en las entidades. La tendencia plantea desafíos importantes para resp
Miércoles, 13 de mayo de 2026
