El gasto por habitante en garantizar el Estado de derecho será menor en 2026, mientras los costos del delito aumentan, afectando a la seguridad ciudadana. Las tendencias recientes en la asignación presupuestaria en México muestran una marcada disminución en la inversión destinada a fortalecer la seguridad pública y el Estado de derecho. Para el año 2026, el gasto por persona en estas áreas será de aproximadamente 2,5 millares de pesos, lo que representa una reducción de mil pesos en comparación con los niveles de 2015. Paralelamente, los costos asociados a delitos en el país han escalado un 153%, alcanzando un promedio de más de 6,2 mil pesos por víctima en 2024. Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone un incremento mínimo en el presupuesto para 2026, la inversión total en seguridad sigue siendo considerablemente menor que en años anteriores, y en relación a la economía nacional, México invierte cifras similares a países considerados seguros, como Noruega, a pesar de presentar niveles de violencia superiores a países como Colombia. Esto evidencia un desfase alarmante entre el gasto y la problemática real de seguridad. La reducción en la asignación de recursos ha impactado negativamente en áreas como la policía civil, la justicia y las instituciones de seguridad nacional, lo que limita la capacidad del Estado para prevenir y sancionar delitos, en medio de un aumento constante en los índices de violencia y percepción de inseguridad en diversas regiones del país. Expertos alertan que esta tendencia podría profundizar las brechas existentes en protección ciudadana y reforzar la necesidad de un reenfoque en políticas de prevención y fortalecimiento institucional. El análisis señala que mantener presupuestos bajos ha contribuido a una ineficiencia estructural en la gestión del orden público, dificultando la investigación y sanción de delitos y afectando la confianza de la población en las instituciones de seguridad.
Sábado, 9 de mayo de 2026
