Cambios en la legislación busca fortalecer controles, pero podría afectar la competitividad y las cadenas de suministro en México. En los últimos meses, México ha implementado una reforma aduanera que busca incrementar la eficiencia en el control del comercio exterior y aumentar los ingresos fiscales del país. La iniciativa, que modifica más de 100 artículos, fortalece regulaciones para agentes aduanales, crea un Consejo Aduanero y establece nuevas obligaciones para importadores y empresas maquiladoras. Además, introduce sanciones severas, como multas que pueden alcanzar hasta el 300% del valor de las mercancías, y endurece los controles preembargo, generando preocupación entre los empresarios sobre su impacto en la liquidez y la competitividad. Desde el sector empresarial, expertos han señalado que la regulación excesiva puede frenar la inversión y encarecer los procesos de importación, especialmente en sectores como el químico, farmacéutico y agroindustrial, que manejan mercancías complejas. La obligatoriedad de pagar impuestos antes de que la mercancía cruce la frontera y las posibles retenciones prolongadas en la aduana podrían elevar los costos logísticos y retrasar las cadenas de suministro, afectando la economía y el comercio internacional del país. Históricamente, México ha dependido de cadenas globales de suministro, y las recientes reformas, si bien buscan combatir el contrabando y la evasión fiscal, también ponen en riesgo la agilidad del comercio exterior. La regulación también afecta intensamente al sector maquilador, que representa una significativa cuota de exportaciones y empleo, y que podría verse limitado por sanciones menores o errores administrativos. La discusión legislativa continúa en el Senado, donde se espera que se encuentren puntos de equilibrio entre control fiscal y competitividad internacional. Pese a algunos ajustes menores en los plazos de certificación y autorizaciones, el cambio más relevante sigue siendo el aumento en la rigidez de
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