Mediante una modificación al artículo 73, se busca crear una legislación unificada y eficaz para prevenir y sancionar este delito y proteger a las víctimas. Con el objetivo de mejorar la prevención y el combate de la extorsión, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron una reforma constitucional que modifica el artículo 73 de la Constitución Mexicana. La iniciativa, impulsada por la presidencia, busca otorgar al Congreso de la Unión mayores facultades para establecer una legislación general que homogeneice los tipos penales y las sanciones relacionadas con este delito en todo el país. Este cambio establece que, a partir de la aprobación, el Congreso diseñará una ley que garantice acciones coordinadas entre los diferentes órdenes de gobierno para fortalecer las capacidades institucionales, promover la colaboración entre las fuerzas de seguridad y utilizar tecnologías modernas y sistemas de inteligencia artificial para detectar y enfrentarse a estas conductas delictivas. La problemática de la extorsión ha sido reconocida como una de las más graves en materia de seguridad, con un incremento notable en los casos reportados en los últimos años. Datos recientes indican que el promedio de denuncias diarias se elevó de 18.8 en 2018 a casi 30 en el inicio de 2025, reflejando un aumento en la incidencia y la complejidad del delito. Además, las disparidades normativas entre el código penal federal y los códigos locales dificultan la implementación de políticas públicas efectivas para combate. La extorsión no solo genera daños particulares a quienes la sufren, sino que también afecta la economía nacional, el patrimonio colectivo y la estabilidad emocional de las comunidades. Como modus operandi frecuente en actividades de delincuencia organizada, esta problemática requiere una respuesta integral y coordinada para reducir su prevalencia y proteger a la ciudadanía. Para que la reforma entre en vigor, es necesario que al menos 17 estados aprueben la iniciativa. Hasta ahora, la
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