La transición gradual a jornadas de 40 horas, sin ajuste en impuestos, podría impactar negativamente en los salarios y el poder de compra de millones de trabajadores mexicanos. La iniciativa para reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales busca promover condiciones laborales más justas, pero su implementación presenta riesgos económicos ocultos. La propuesta, que prevé una reducción progresiva hasta 2030, elimina ocho horas semanales sin modificar las tasas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que puede traducirse en una disminución efectiva de los ingresos de muchos empleados. Actualmente, millones de trabajadores laboran hasta 60 horas por semana, gran parte de las cuales dependen de horas extra que, si bien pagan doble o triple, pueden ser gravadas por impuestos que disminuyen considerablemente su ingreso neto. La falta de un ajuste urgente en la estructura fiscal, especialmente en los impuestos sobre horas extra, podría vulnerar la estabilidad económica familiar, especialmente en sectores de bajos y medianos ingresos. La situación se agrava en un contexto donde, a partir de la reducción gradual, las horas extra seguirán siendo necesarias para complementar los salarios, pero los impuestos actuales podrían absorber una parte significativa de estos ingresos adicionales. En ese sentido, expertos advierten que, en la práctica, muchas personas podrían percibir menos dinero incluso trabajando más horas. Históricamente, la cultura laboral en México ha estado caracterizada por jornadas extensas, que en algunos casos superan las 60 horas. Esta realidad hace que la transición hacia jornadas más flexibles requiera medidas complementarias, como ajustes fiscales y fiscales que aseguren la protección del ingreso de los trabajadores. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha anunciado una disminución en las horas de trabajo a partir de 2027, con un cronograma que reducirá gradualmente las horas laborales hasta llegar a las 40 en 2030, incluyendo lím
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