Expertos alertan sobre posibles vacíos legales y la necesidad de incluir a las comunidades en la protección del agua en la nueva legislación. Un proyecto de reforma a la Ley General de Aguas está en proceso para establecer las bases que garanticen el acceso universal al agua y el saneamiento en México, además de definir las competencias de los diferentes niveles de gobierno y reconocer a los sistemas comunitarios de gestión hídrica. Sin embargo, diferentes organizaciones especializadas advierten que aún existen aspectos por aclarar y fortalecer, especialmente en la protección de estas comunidades. Una de las principales preocupaciones es cómo la legislación garantizará el reconocimiento jurídico y el acceso a recursos para las organizaciones comunitarias encargadas de operar sistemas de agua en zonas rurales y rurales-marginadas. La iniciativa también busca mantener el caudal ecológico en ríos y acuíferos, un elemento clave para la preservación del equilibrio ambiental, pero algunos expertos alertan que ciertas disposiciones sobre concesiones podrían ser regresivas y afectar la sustentabilidad. Es importante contextualizar que en México, millones de personas dependen de la gestión comunitaria del agua para su bienestar, y que reconocer formalmente estos sistemas en la ley es fundamental para fortalecer su autonomía y proteger sus derechos. Diversos antecedentes legislativos muestran que la profesionalización y protección de estos sujetos de derecho han sido temas recurrentes en foros y propuestas anteriores, que buscan evitar que las autoridades locales desplazan a los comités existentes. Además, expertos señalan la posibilidad de que la duplicidad entre la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas genere confusión y obstáculos administrativos para las comunidades, lo que podría traducirse en sanciones o incluso el desmantelamiento de sistemas existentes. Por ello, subrayan que la legislación debe ser clara, eficiente y contemplar mecanismos de financiamient
Sábado, 9 de mayo de 2026
