Legisladores buscan modificar la normativa que regula los decretos de prioridad, poniendo en riesgo la capacidad del presidente de gobernar por decreto. En un movimiento que podría cambiar la dinámica del poder ejecutivo en Argentina, la oposición logró impulsar una discusión sobre la modificación de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado, busca establecer nuevos límites y condiciones para la emisión de estos instrumentos por parte del gobierno nacional, especialmente ante la posible influencia del actual presidente Javier Milei. Tras una sesión marcada por intensos debates, legisladores de diversos partidos, incluyendo peronistas, radicales y sectores de izquierda, se reunieron para definir un dictamen que prevé reducir las facultades del Ejecutivo en la emisión de decretos ilegislativos. Entre las propuestas destaca que los DNU tendrán una vigencia máxima de 90 días y que su silencio en las cámaras implicará su derogación automática. Además, la ley plantea que estos instrumentos deben ser tratados incluso en periodos de receso legislativo y limitar su alcance a una sola materia, con el objetivo de evitar usos indiscriminados. Este paso en el Congreso genera preocupación en la Casa Rosada, ya que podría restringir de manera significativa el mecanismo que Milei ha utilizado para gobernar sin la aprobación del Parlamento en ciertas situaciones. La iniciativa surge en un contexto donde la oposición intenta fortalecer el control del Legislativo sobre las acciones del Ejecutivo, alineándose con debates históricos sobre la concentración de poder presidencial en Argentina. El análisis del contexto político revela que, desde la reforma constitucional de 1994, el uso de los DNU ha sido objeto de controversia. La ley actual, promovida inicialmente por Cristina Fernández de Kirchner en 2006, buscaba regular y limitar su empleo, que en administraciones pasadas fue utilizado de forma más flexible. La actual prop
Sábado, 9 de mayo de 2026
