El Gobierno federal afirma que más de la mitad de los 144.5 millones de números de teléfonos celulares activos en México están registrados oficialmente. Sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, no ha confirmado si habrá una prórroga antes del vencimiento del plazo el 30 de junio.
La incertidumbre genera preocupaciones, pues aquellos que no registren sus números antes de la fecha estipulada podrían enfrentar una desconexión masiva. Esto podría resultar en serios problemas de comunicación, además de repercusiones económicas y sociales significativas en el país.
La oposición al registro oficial se manifiesta en un "boicot" pasivo ciudadano, sustentado en argumentos sobre la posible vulnerabilidad y filtración de datos. Críticas también apuntan a la ineficacia de esta medida en la lucha contra el crimen, así como al riesgo de que las líneas robadas sean utilizadas para actividades delictivas.
Sheinbaum defiende la medida, afirmando que es crucial para combatir delitos como la extorsión, que afectan a la población. Especialistas han enfatizado que los teléfonos móviles son comúnmente herramientas en la perpetración de estos crímenes. No obstante, hay un debate amplio, donde se argumenta que muchas de estas extorsiones provienen de delincuentes en prisión, sugiriendo que se deben implementar estrategias más eficaces contra el crimen en lugar de afectar a la ciudadanía.
Con la fecha límite acercándose, la incertidumbre persiste y se espera un pronunciamiento sobre el futuro del registro obligatorio. La sociedad sigue analizando sus implicaciones, especialmente ante la inminencia de consecuencias masivas.
Con información de elimparcial.com