La implementación de un padrón nacional de telefonía busca reducir delitos como la extorsión y requiere inversión millonaria para su integración tecnológica. A partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas móviles en México deberán estar debidamente registradas ante las empresas proveedoras de servicios, marcando un paso importante en la regulación del sector de telecomunicaciones. Durante los primeros 30 días, las principales compañías mayoristas, incluyendo Telcel, AT&T, Telefónica y Altán Redes, tendrán la tarea de instalar plataformas tecnológicas que faciliten la asociación de las líneas con la identidad del usuario, ya sea a través de su CURP o pasaporte en el caso de extranjeros. Posteriormente, los operadores tendrán un período de 120 días para registrar en su totalidad las millones de líneas activas en el país, en un contexto de alta demanda, ya que coincidirá con la celebración del Mundial de fútbol, lo que presionará la capacidad de atención de las empresas del sector. Actualmente, algunas compañías ya realizan registros preliminares mediante programas piloto, pero la nueva normativa establece que será obligatorio, y aquellas que incumplan podrían enfrentar sanciones económicas o la desconexión del servicio. Este esquema busca combatir la inseguridad, en particular la extorsión a través de teléfonos móviles, que en los primeros siete meses del año afectó a más de 6,800 personas. La política requiere una inversión superior a 4 mil millones de pesos en infraestructura tecnológica, fundamental para garantizar un proceso seguro y eficiente de verificación de identidad, especialmente para las 143 millones de líneas existentes en el país. La regulación también implica que las SIM físicas y las eSIM extranjeras utilizadas en México sean registradas, limitando su uso a llamadas de emergencia y otros servicios básicos si no se cumplen los requisitos de identificación. En el marco de estas acciones, los operadores deberán arrendar espacios y desarrollar plat
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