El registro obligatorio con CURP y pasaporte busca seguridad, pero amenaza la inclusión de quienes carecen de documentación oficial. El gobierno mexicano está implementando un nuevo sistema de registro para líneas telefónicas que exige la presentación de documentos oficiales como la Clave Única de Registro de Población (CURP) para nacionales y pasaporte para extranjeros. Esta medida, destinada a fortalecer la seguridad nacional al reducir delitos como extorsión y violencia, establece que quienes no puedan presentar estos documentos solo podrán utilizar funciones básicas, como llamadas a emergencias o atención ciudadana, sin acceso completo a servicios de conectividad. Esta iniciativa, sin embargo, ha generado preocupaciones sobre su impacto en sectores vulnerables de la población. Expertos advierten que personas sin documentación oficial, incluyendo migrantes en situación irregular y quienes no cuentan con registro de nacimiento, podrían quedar fuera del acceso a las telecomunicaciones. Datos oficiales indican que cerca de 504,000 mexicanos en 2020 no tenían registro de nacimiento, y en 2023, más de 1.2 millones de migrantes permanecieron en situación irregular en el país, cifras que reflejan una significativa población en riesgo de exclusión ante este padrón. Por otra parte, las compañías de telecomunicaciones advierten que los costos asociados a la implementación, estimados en más de 4 mil millones de pesos, podrían presionar los presupuestos necesarios para ampliar las redes y mejorar la cobertura en zonas rurales y marginadas. La presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Norma Solano, ha señalado que se buscarán vías para facilitar el registro de los sectores más vulnerables y evitar que queden sin acceso. La consulta pública sobre el proyecto, abierta hasta el 27 de noviembre, permitirá recoger opiniones del sector, academia y sociedad civil para ajustar las regulaciones y garantizar una transición equilibrada.
Sábado, 9 de mayo de 2026
