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Regulación en México obliga a vincular líneas telefónicas en 2024

México obliga a vincular líneas telefónicas a identidad oficial en 2024, con plazos para evitar suspensión definitiva y reforzar la seguridad en telecomunicaciones.

Por Redacción1 min de lectura
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La entrada en vigor de los nuevos lineamientos busca registrar cerca de 143 millones de líneas móviles, con plazos para evitar su suspensión definitiva. En México, un nuevo marco normativo establecido en el Diario Oficial de la Federación busca fortalecer la identificación de los usuarios de servicios de telecomunicaciones móviles. Desde su publicación, las operadoras deben facilitar el proceso para que los usuarios vinculen sus líneas telefónicas a su identidad oficial. Los documentos aceptados para personas físicas son la credencial para votar, pasaporte y la Clave Única de Registro de Población (CURP), mientras que las personas morales deben presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El plazo inicial para que los usuarios registren sus números vence el 7 de enero de 2024, tras lo cual se otorgan 120 días hábiles —hasta aproximadamente el 23 de junio de 2026— para que las líneas no vinculadas sean suspendidas temporalmente, permitiendo solo llamadas de emergencia y de atención ciudadana. En total, cerca de 143 millones de líneas telefónicas en el país, operadas por empresas como Telcel, AT&T, Telefónica, Altán Redes y operadoras virtuales, deben cumplir con esta obligación para evitar su desactivación. Este proceso de regulación forma parte de la actualización de la Ley de Telecomunicaciones, que busca garantizar mayor seguridad y transparencia en el uso de los servicios móviles. La importancia de la medida radica en mejorar la trazabilidad de los usuarios y prevenir actividades ilícitas relacionadas con la telefonía móvil, además de ofrecer mayor control a los usuarios sobre sus datos y conexiones. Contar con un sistema de verificación robusto no solo mejora la seguridad en las comunicaciones, sino que también refuerza la protección de datos personales. La implementación de estos lineamientos refleja un paso clave hacia una economía digital más segura y responsable, además de ser un requisito necesario en un contexto de incremento en los delitos

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